Los escándalos políticos han dejado de ser un acontecimiento excepcional para convertirse en parte de la rutina. Eso tiene consecuencias para la vida pública.
Sumario: La psicología explica la desensibilización, la sociología la normalización y la ciencia política la polarización: tres fuerzas que están erosionando nuestra capacidad de indignarnos ante lo que antes habría resultado intolerable.
La madrugada del 17 de junio de 1972, cinco hombres fueron sorprendidos dentro de las oficinas del Partido Demócrata en el complejo Watergate, en Washington. Aquella detención terminó dos años después con Richard Nixon convirtiéndose en el primer presidente de Estados Unidos en renunciar al cargo. En 1986 fue el turno de Ronald Reagan. La revelación de que miembros de su administración habían vendido en secreto armas a Irán y desviado parte de los recursos para apoyar a los Contras nicaragüenses desencadenó investigaciones y largas audiencias televisadas que mantuvieron a Estados Unidos pendiente del llamado escándalo Irán-Contra. Reagan sobrevivió, pero su gobierno quedó profundamente sacudido. Doce años después, una relación sexual entre Bill Clinton y Monica Lewinsky, una joven becaria de la Casa Blanca, absorbió durante meses la conversación pública y terminó llevando al presidente a un juicio político del que finalmente fue absuelto. Episodios de naturaleza y gravedad muy distintas eran todavía capaces de interrumpir la normalidad, monopolizar la conversación pública y mantener a sociedades enteras pendientes de la calidad moral de sus líderes. El escándalo, entonces, todavía tenía la capacidad de escandalizar.
En México, durante las décadas de hegemonía priista, el presidente estaba mucho más protegido del escrutinio público: buena parte de la prensa dependía del gobierno, la censura y la autocensura formaban parte del oficio periodístico y las versiones oficiales rara vez encontraban un contrapeso comparable al de otras democracias. Pero ni siquiera aquel sistema consiguió eliminar por completo el poder del escándalo y la capacidad de indignación de la sociedad civil. La reacción ante la matanza de Tlatelolco, en 1968, desbordó el intento oficial de controlar el relato y abrió una herida que paulatinamente abrió el camino hacia la democracia. Y quizá ninguna imagen resumió mejor ese cambio que la detención, en febrero de 1995, de Raúl Salinas de Gortari. En un sistema acostumbrado durante décadas a preservar intacto el círculo presidencial, ver tras las rejas al hermano del poderoso expresidente, que apenas tres meses antes había dejado Los Pinos, fue un acontecimiento. Es cierto que ningún presidente mexicano renunció por un escándalo, pero el poder todavía sentía la necesidad de ofrecer responsables, sacrificar funcionarios o reconstruir su legitimidad.
Sin embargo, algo parece haber cambiado. El escándalo político da la impresión de haber dejado de ser un acontecimiento excepcional para convertirse en rutina. Una revelación sucede a otra, durante unas horas o días ocupa titulares, redes sociales y conversaciones, hasta que una nueva controversia desplaza a la anterior.
Sería difícil demostrar que en el mundo existen hoy más escándalos que hace cincuenta años. Lo que sí parece distinto es nuestra exposición a ellos y, sobre todo, la velocidad con la que los consumimos, en buena medida por efecto de las redes sociales. Y eso tiene consecuencias. La psicología lleva años estudiando un mecanismo elemental de la mente humana: no reaccionamos con la misma intensidad ante una transgresión cuando deja de ser excepcional y comienza a resultarnos familiar. En 2023, los psicólogos Raunak Pillai, Lisa Fazio y Daniel Effron siguieron durante quince días a más de seiscientas personas expuestas repetidamente a titulares sobre distintas conductas indebidas. Al terminar el experimento, los participantes juzgaban como menos inmorales aquellas faltas que habían visto varias veces que otras que encontraban por primera vez. La reiteración amortigua nuestra respuesta emocional ante una transgresión: lo que primero indigna, después sorprende menos y, con suficiente exposición, empieza a formar parte de la normalidad. Los investigadores lo llamaron el “efecto de repetición moral”.
Pero la desensibilización individual explica solo una parte del fenómeno. Cuando la repetición se vuelve colectiva, cambian las normas sociales. Lo que una sociedad considera intolerable no depende únicamente de principios abstractos, sino también de lo que observa a su alrededor y de las consecuencias que ve sufrir –o no sufrir– a quienes los transgreden. La sociología distingue entre las normas que nos dicen cómo deberían comportarse los demás y las que, simplemente, nos enseñan cómo se comportan en realidad. Cuando ambas comienzan a separarse, la segunda puede terminar erosionando a la primera: podemos seguir creyendo que la corrupción, la mentira o el abuso de poder están mal y, al mismo tiempo, acostumbrarnos a que formen parte habitual de la vida pública. La literatura sobre corrupción describe precisamente este círculo: cuanto más extendida parece una conducta, más fácilmente puede percibirse como parte de las reglas del juego político. La anomalía no necesita volverse moralmente aceptable para normalizarse; basta con que deje de parecernos anormal.
A la desensibilización individual y a la normalización colectiva se suma un tercer fenómeno: la polarización. Cuando una sociedad se divide en bloques cada vez más rígidos, el escándalo deja de juzgarse únicamente por la gravedad de los hechos y empieza a filtrarse por la identidad de quien acusa y de quien es acusado. Una investigación de la Universidad de Chicago ha estudiado esta dinámica y llega a una conclusión paradójica: una mayor polarización puede producir más escándalos y, al mismo tiempo, hacerlos menos informativos para la sociedad civil. El resultado es una especie de inflación del escándalo: cada revelación llega acompañada de una defensa automática y de la sospecha de que todo responde a una estrategia mediática. Con el tiempo, el ciudadano aprende a desconfiar tanto del acusado como del acusador. Y cuando cada bando condena con severidad las faltas ajenas pero encuentra explicaciones para las propias, el escándalo pierde una de las condiciones que alguna vez le dieron fuerza: la existencia de ciertos límites morales compartidos por encima de las lealtades políticas.
México ofrece quizá uno de los laboratorios más inquietantes de este proceso. Pocas imágenes condensan mejor la normalización de lo que jamás debería normalizarse que las del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. En marzo de 2025, México descubrió que jóvenes que buscaban trabajo habían sido atraídos mediante ofertas falsas difundidas en redes sociales y llevados hasta un centro de reclutamiento y adiestramiento del crimen organizado. Allí comenzaba la brutalidad: golpes, torturas, entrenamiento con armas y una pedagogía del horror destinada a convertirlos en sicarios. Cuando las madres buscadoras llegaron al predio encontraron restos humanos, cientos de prendas, objetos personales y montones de zapatos abandonados. Teuchitlán debería haber detenido al país. Y así fue, durante unos días: las imágenes estremecieron a los mexicanos y al resto del mundo. Después llegaron otras noticias, otros muertos, otros desaparecidos, otros escándalos.
Algunos estudiosos de la ciencia política han dado un nombre a lo que ocurre cuando el Estado deja de ejercer en solitario el monopolio de la fuerza pública: un “duopolio de la violencia”. No significa que el Estado haya desaparecido ni que una organización criminal haya ocupado formalmente su lugar. Es algo más ambiguo y, quizá por ello, más nocivo: dos poderes se superponen sobre un mismo territorio. El gobierno conserva las instituciones, cobra impuestos, organiza elecciones; pero otro poder decide, al mismo tiempo, quién puede circular, quién puede abrir un negocio, cuánto debe pagar para conservarlo, qué candidato puede competir, qué persona o grupo merece un castigo, y muchas veces quién vive y quién muere.
Ése es el punto en el que la capacidad de escandalizarse deja de ser una cuestión moral para convertirse en una cuestión de supervivencia institucional. La indignación pública funciona también como un sistema de alarma: señala que se ha cruzado un límite y obliga al poder a responder. La historia enseña que el vacío de poder nunca permanece vacío. Donde el Estado no impone la ley, alguien impone otra; donde deja de garantizar protección, alguien vende protección; donde renuncia a gobernar, alguien gobierna en su lugar. Los países no siempre colapsan con un golpe de Estado, una revolución o una guerra civil. A veces se vacían desde dentro, mientras todo lo demás parece seguir deteriorándose, pero funcionando. Una excepción tolerada después de otra, una atrocidad normalizada después de otra, un escándalo olvidado después de otro. Hasta que un día la pregunta ya no es por qué dejamos de escandalizarnos, sino cuánto del Estado dejamos desaparecer mientras nos acostumbrábamos a convivir con la barbarie. ~
En México, durante las décadas de hegemonía priista, el presidente estaba mucho más protegido del escrutinio público: buena parte de la prensa dependía del gobierno, la censura y la autocensura formaban parte del oficio periodístico y las versiones oficiales rara vez encontraban un contrapeso comparable al de otras democracias. Pero ni siquiera aquel sistema consiguió eliminar por completo el poder del escándalo y la capacidad de indignación de la sociedad civil. La reacción ante la matanza de Tlatelolco, en 1968, desbordó el intento oficial de controlar el relato y abrió una herida que paulatinamente abrió el camino hacia la democracia. Y quizá ninguna imagen resumió mejor ese cambio que la detención, en febrero de 1995, de Raúl Salinas de Gortari. En un sistema acostumbrado durante décadas a preservar intacto el círculo presidencial, ver tras las rejas al hermano del poderoso expresidente, que apenas tres meses antes había dejado Los Pinos, fue un acontecimiento. Es cierto que ningún presidente mexicano renunció por un escándalo, pero el poder todavía sentía la necesidad de ofrecer responsables, sacrificar funcionarios o reconstruir su legitimidad.
Sin embargo, algo parece haber cambiado. El escándalo político da la impresión de haber dejado de ser un acontecimiento excepcional para convertirse en rutina. Una revelación sucede a otra, durante unas horas o días ocupa titulares, redes sociales y conversaciones, hasta que una nueva controversia desplaza a la anterior.
Sería difícil demostrar que en el mundo existen hoy más escándalos que hace cincuenta años. Lo que sí parece distinto es nuestra exposición a ellos y, sobre todo, la velocidad con la que los consumimos, en buena medida por efecto de las redes sociales. Y eso tiene consecuencias. La psicología lleva años estudiando un mecanismo elemental de la mente humana: no reaccionamos con la misma intensidad ante una transgresión cuando deja de ser excepcional y comienza a resultarnos familiar. En 2023, los psicólogos Raunak Pillai, Lisa Fazio y Daniel Effron siguieron durante quince días a más de seiscientas personas expuestas repetidamente a titulares sobre distintas conductas indebidas. Al terminar el experimento, los participantes juzgaban como menos inmorales aquellas faltas que habían visto varias veces que otras que encontraban por primera vez. La reiteración amortigua nuestra respuesta emocional ante una transgresión: lo que primero indigna, después sorprende menos y, con suficiente exposición, empieza a formar parte de la normalidad. Los investigadores lo llamaron el “efecto de repetición moral”.
Pero la desensibilización individual explica solo una parte del fenómeno. Cuando la repetición se vuelve colectiva, cambian las normas sociales. Lo que una sociedad considera intolerable no depende únicamente de principios abstractos, sino también de lo que observa a su alrededor y de las consecuencias que ve sufrir –o no sufrir– a quienes los transgreden. La sociología distingue entre las normas que nos dicen cómo deberían comportarse los demás y las que, simplemente, nos enseñan cómo se comportan en realidad. Cuando ambas comienzan a separarse, la segunda puede terminar erosionando a la primera: podemos seguir creyendo que la corrupción, la mentira o el abuso de poder están mal y, al mismo tiempo, acostumbrarnos a que formen parte habitual de la vida pública. La literatura sobre corrupción describe precisamente este círculo: cuanto más extendida parece una conducta, más fácilmente puede percibirse como parte de las reglas del juego político. La anomalía no necesita volverse moralmente aceptable para normalizarse; basta con que deje de parecernos anormal.
A la desensibilización individual y a la normalización colectiva se suma un tercer fenómeno: la polarización. Cuando una sociedad se divide en bloques cada vez más rígidos, el escándalo deja de juzgarse únicamente por la gravedad de los hechos y empieza a filtrarse por la identidad de quien acusa y de quien es acusado. Una investigación de la Universidad de Chicago ha estudiado esta dinámica y llega a una conclusión paradójica: una mayor polarización puede producir más escándalos y, al mismo tiempo, hacerlos menos informativos para la sociedad civil. El resultado es una especie de inflación del escándalo: cada revelación llega acompañada de una defensa automática y de la sospecha de que todo responde a una estrategia mediática. Con el tiempo, el ciudadano aprende a desconfiar tanto del acusado como del acusador. Y cuando cada bando condena con severidad las faltas ajenas pero encuentra explicaciones para las propias, el escándalo pierde una de las condiciones que alguna vez le dieron fuerza: la existencia de ciertos límites morales compartidos por encima de las lealtades políticas.
México ofrece quizá uno de los laboratorios más inquietantes de este proceso. Pocas imágenes condensan mejor la normalización de lo que jamás debería normalizarse que las del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. En marzo de 2025, México descubrió que jóvenes que buscaban trabajo habían sido atraídos mediante ofertas falsas difundidas en redes sociales y llevados hasta un centro de reclutamiento y adiestramiento del crimen organizado. Allí comenzaba la brutalidad: golpes, torturas, entrenamiento con armas y una pedagogía del horror destinada a convertirlos en sicarios. Cuando las madres buscadoras llegaron al predio encontraron restos humanos, cientos de prendas, objetos personales y montones de zapatos abandonados. Teuchitlán debería haber detenido al país. Y así fue, durante unos días: las imágenes estremecieron a los mexicanos y al resto del mundo. Después llegaron otras noticias, otros muertos, otros desaparecidos, otros escándalos.
Algunos estudiosos de la ciencia política han dado un nombre a lo que ocurre cuando el Estado deja de ejercer en solitario el monopolio de la fuerza pública: un “duopolio de la violencia”. No significa que el Estado haya desaparecido ni que una organización criminal haya ocupado formalmente su lugar. Es algo más ambiguo y, quizá por ello, más nocivo: dos poderes se superponen sobre un mismo territorio. El gobierno conserva las instituciones, cobra impuestos, organiza elecciones; pero otro poder decide, al mismo tiempo, quién puede circular, quién puede abrir un negocio, cuánto debe pagar para conservarlo, qué candidato puede competir, qué persona o grupo merece un castigo, y muchas veces quién vive y quién muere.
Ése es el punto en el que la capacidad de escandalizarse deja de ser una cuestión moral para convertirse en una cuestión de supervivencia institucional. La indignación pública funciona también como un sistema de alarma: señala que se ha cruzado un límite y obliga al poder a responder. La historia enseña que el vacío de poder nunca permanece vacío. Donde el Estado no impone la ley, alguien impone otra; donde deja de garantizar protección, alguien vende protección; donde renuncia a gobernar, alguien gobierna en su lugar. Los países no siempre colapsan con un golpe de Estado, una revolución o una guerra civil. A veces se vacían desde dentro, mientras todo lo demás parece seguir deteriorándose, pero funcionando. Una excepción tolerada después de otra, una atrocidad normalizada después de otra, un escándalo olvidado después de otro. Hasta que un día la pregunta ya no es por qué dejamos de escandalizarnos, sino cuánto del Estado dejamos desaparecer mientras nos acostumbrábamos a convivir con la barbarie. ~
Texto publicado originalmente en Letras Libres.
Comments